… otra reforma laboral…
La reforma laboral llega, como la navidad, cargada de buenas intenciones. Sin embargo, sólo alguna de ellas se ha materializado. Principalmente se intenta maquillar la temporalidad – aunque ni siquiera se aplica la legislación anterior, donde ya la gran mayoría de los contratos temporales estaban en fraude – y se impone el salario marcado por el convenio sectorial cuando el convenio de empresa fije uno más bajo. Poco más podemos destacar. De hecho algunos de sus autoproclamados éxitos para las trabajadoras, como la consolidación de los ERTES,consiguen un efecto contrario: institucionalizan la socialización de las pérdidas de los empresarios para que las paguemos entre todas.
La prometida derogación no era más que un mito.
Lo sustancial de las reformas de 2010 y 2012 no se toca. Esta reforma no se hace por mejorar la vida de las trabajadoras; sino porque la Unión Europea lo exige para recibir los fondos del Plan de Recuperación. Es una ley pactada con la patronal, aunque los medios de incomunicación se esfuercen en vender el mensaje de que la reforma no gusta a los empresarios. Los mal llamados sindicatos mayoritarios ni siquiera han intentado hacer uso de su supuesta fuerza, porque lo que realmente son es organizaciones útiles para escenificar un supuesto pacto social, que no es más que una canción de cuna para adormilar a la masa trabajadora. El pacto social, tan celebrado por la popular ministra de trabajo, no es más que una fantasía. Los actores que en este pacto escenifican a la clase trabajadora no se representan más que a sí mismos, mientras que la patronal está bien organizada y representada, y tiene todas las cartas en la mano.
Estamos convencidas de que algunos temas cruciales ni siquiera se han puesto sobre su ficticia mesa de diálogo, como la reducción de la jornada laboral, para que todas podamos trabajar y conciliar. Incluso ideas muchísimo menos ambiciosas y que podrían haber calado en el contexto de la pandemia, como el derecho a baja laboral cuando un familiar a nuestro cuidado deba quedarse en casa por enfermedad o cuarentena. Las familias han hecho auténticos malabares para cuidar de sus criaturas cuando sus hijos o hijas no podían asistir al colegio porque alguien en su clase era positivo, pero nadie ha pensado en ellas a la hora de elaborar esta reforma. Porque, no nos engañemos, nuestros problemas, por pura cuestión de clase, no se parecen a los de los ministros, empresarios, o secretarios generales con sueldazo. Tampoco se ha recuperado la protección contra los despidos arbitrarios que nos daban herramientas como mayores indemnizaciones o el salario de tramitación. Muchos trabajadores que cumplieron la mayoría de edad después de 2012 ni siquiera saben qué son. El salario de tramitación suponía que, si un despido se reconocía improcedente en sentencia judicial, la empresa debía pagar todos los salarios desde que el trabajador fue despedido hasta su juicio o readmisión.
La teoría – o la propaganda del estado – dice que la legislación laboral existe para proteger al elemento más débil en una relación laboral, es decir, las personas trabajadoras. Los empresarios controlan la oferta de puestos de trabajo, redactan los contratos y tienen el poder de despedirnos, privándonos de nuestro sustento. Todo nuestro “poder” reside en decidir entre venderles nuestra fuerza de trabajo o renunciar a unas condiciones mínimas de supervivencia, porque en lo único en lo que mandamos es en nuestra hambre, como dijo el jornalero. ¿Y qué hacen los supuestos representantes de los trabajadores y los supuestos gobiernos progresistas? Dejar que las leyes que deberían protegernos las escriban los empresarios.
Desde CNT-AIT no pensamos quedarnos de brazos cruzados,
¿y tú, vas a seguir dejando que los de siempre decidan tu suerte?